Activismo, hablando seriamente, iuris et de iure, opinología

No, el Día Internacional de la Mujer no es una forma de discriminación

Women from all over Côte d'Ivoire gather to celebrate International Women's Day at the Palais de la Culture in Abidjan.  CC BY-NC-ND by United Nations.

Women from all over Côte d’Ivoire gather to celebrate International Women’s Day at the Palais de la Culture in Abidjan. CC BY-NC-ND by United Nations.

Son apenas las diez de la mañana cuando escribo estas líneas y ya hay en mi timeline al menos quince comentarios de personas declarándose en contra de la existencia del día de la mujer, porque consideran que éste es también una forma de discriminación. Esas mismas personas, supongo, estarán en contra de las medidas para fomentar la participación de las mujeres en sectores como la tecnología, donde tradicionalmente se han visto excluidas.
Así que les cuento: se llama acción afirmativa, y es la medida que se toma con la intención de “establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico,
minoritario o que históricamente ha ya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados bienes”. La acción afirmativa, o discriminación positiva, tiene la finalidad de nivelar el terreno hasta que se logre la igualdad de género.
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer define discriminación en los siguientes términos:

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

En este sentido, respecto a las medidas de acción afirmativa, se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus Consideraciones sobre la compatibilidad de las Medidas de Acción Afirmativa concebidas para promover la participación política de la mujer con los principios de igualdad y no discriminación:

La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se haya alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recomendó:

que los Estados Partes hagan mayor uso de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato referencial o los sistemas de cuotas para hacer que progrese la integración de la mujer en la educación, la economía, la política y el empleo.

En este sentido, las medidas de acción afirmativa buscan promover el acceso de las mujeres a las mismas oportunidades y en las mismas condiciones que los hombres, y sólo deben cesar cuando la igualdad de oportunidad y trato haya sido lograda. Si hay dudas sobre el hecho de que la igualdad de oportunidad y trato no ha sido lograda, les dejo con algunas citas del Código Penal venezolano, reformado apenas en 2005, y que incluye artículos como los siguientes:

Se conserva la clasificación de la “seducción con promesa matrimonial” como un delito donde el bien protegible es el “honor” de la mujer:

Artículo 379.- (…) El que tuviere acto carnal con persona mayor de doce y menor de dieciséis años, o ejecutare en ella actos lascivos, sin ser su ascendiente, tutor ni institutor y aunque no medie ninguna de las circunstancias previstas en el artículo
374, será castigado con prisión de seis a dieciocho meses y la pena será doble si el autor del delito es el primero que corrompe a la persona agraviada.
El acto carnal ejecutado en mujer mayor de dieciséis años y menor de veintiuno con su consentimiento, es punible cuando hubiere seducción con promesa matrimonial y la mujer fuere conocidamente honesta; en tal caso la pena será de seis meses a un año de prisión.

Artículo 383. Todo individuo que por medio de violencias, amenazas o engaño hubiere arrebatado, sustraído o detenido, con fines de libertinaje o de matrimonio, a una mujer mayor o emancipada, será castigado con prisión de uno a tres años.

Se equipara a una mujer casada con una persona menor de edad:

Artículo 384. Todo individuo que por los medios a que se refiere el artículo precedente y para alguno de los fines en él previstos, haya arrebatado, sustraído o
retenido alguna persona menor o a una mujer casada, será castigado con presidio de tres a cinco años.

Si la raptada hubiere prestado su consentimiento, la pena será de prisión por tiempo de seis meses a dos años.

Se condona la pena cuando el culpable del delito (de violación, seducción o rapto) contrae matrimonio con la víctima, y se conserva la clasificación del delito como un delito donde el bien protegido es el honor y no la integridad de la persona. Si la mujer no es “honesta”, no tiene derecho a la indemnización civil:

Artículo 393. El culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos 374, 375, 376, 378, 387, 388 y 389 quedará exento de pena si antes de la condenación
contrae matrimonio con la persona ofendida
, y el juicio cesará de todo punto en todo lo que se relacione con la penalidad correspondiente a estos hechos punibles.

Si el matrimonio se efectúa después de la condenación, cesarán entonces la ejecución de las penas y sus consecuencias penales.
Los reos de seducción, violación o rapto serán condenados, por vía de indemnización civil, si no se efectuare el matrimonio, a dotar a la ofendida si fuere soltera o viuda y, en todo caso, honesta.

Se diferencia el tipo penal y la pena a cumplir por adulterio en el caso del hombre y la mujer:

Artículo 394. La mujer adúltera será castigada con prisión de seis meses a tres años. La misma pena es aplicable al coautor del adulterio.
Artículo 395. El marido que mantenga concubina en la casa conyugal, o también fuera de ella, si el hecho es notorio, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses. La condena produce de derecho la pérdida del poder marital. La concubina será penada con prisión de tres meses a un año.

Continuando con la protección del honor, le otorgamos atenuantes a los maridos que maten a la mujer adúltera y a su amante, o a los padres y abuelos que ejecuten un crimen contra los hombres que sorprendan “en acto carnal” con sus hijas o nietas solteras (sin importar si son mayores de edad, tampoco):

Artículo 421. No incurrirán en las penas comunes de homicidio ni en las de lesiones, el marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer y a su cómplice, mate, hiera o maltrate a uno de ellos o a ambos.
En tales casos las penas de homicidio o lesiones se reducirán a una prisión que no exceda de tres años ni baje de seis meses.
Igual mitigación de pena tendrá efecto en los homicidios o lesiones que los padres o abuelos ejecuten, en su propia casa, en los hombres que sorprendan en acto carnal con sus hijas o nietas solteras.

Ahora díganme que las medidas de acción afirmativa no tienen sentido, que el feminismo es obsoleto y que la igualdad ya ha sido alcanzada. Vamos, argumentos.

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cultura libre, geek es sexy, iuris et de iure

Tres anotaciones sobre la Ley de Infogobierno

La versión final de la Ley de Infogobierno venezolana, publicada el pasado 17 de octubre en Gaceta Oficial, no incluye la exposición de motivos, por lo cual este breve análisis podría empezar por lo más esencial. Podando el palabrerío que intenta justificar la acogida del software libre como parte de un proyecto político, sabemos que éste responde, y ha respondido siempre, a la filosofía de la libertad individual y la construcción colectiva del conocimiento. En este sentido, la implementación del software libre como estándar en el gobierno electrónico deberá contribuir, en efecto, como señala el texto de la ley, a fomentar la transparencia en las actuaciones públicas y a empoderar (“apropiar”) al colectivo. Sigue leyendo

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Presidente Chávez encabeza actos por 74 aniversario de la Guardia Nacional
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De debilidades y Fuerzas Armadas

Repetir las tasas de criminalidad en Venezuela ya tiende a sonar a disco rayado. Según Naciones Unidas, y de acuerdo a las cifras oficiales, seríamos el tercer país más inseguro del continente. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, la tasa de homicidios se ubica en 57 asesinatos por cada 100.000 habitantes. De modo que es evidente que se requiere, con carácter de urgencia, que el Estado tome medidas contra la inseguridad. Lo que no queda del todo claro es si las medidas tomadas serían las más idóneas para la solución del conflicto.
En días pasados, se anunció que la Fuerza Armada se desplegaría para, conjuntamente con la Policía, “proteger al pueblo“, durante un plan especial que duraría, en principio, seis meses, y podría prolongarse por más tiempo.

Con qué se come la Fuerza Armada

En el sentido general, las fuerzas armadas de un país son aquellos colectivos que se encuentran en posesión legítima del uso de armas, entiéndase, el ejército y los cuerpos policiales. La Fuerza Armada, en singular, comprende los recursos armados empleados por el Estado en tierra, mar y aire, con la función de defender y proteger su soberanía e independencia, la integridad de su espacio geográfico y la defensa militar de la Nación.
En el caso venezolano, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana señala que ésta tiene como función

garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional.

En cuanto a cooperar en el mantenimiento o restitución del orden interno, esta ley ha sido consistente con las anteriores en la materia, al indicar que esta función procede “frente a graves perturbaciones sociales”. En este sentido, la Fuerza Armada es movilizada para resguardar el orden interno en aquellos casos que ameritan la declaración de un estado de excepción, conmoción o emergencia, tal como lo establece el art. 4, numeral 19 de la Ley Orgánica FANB, y la misma Ley de Estados de Excepción, en los siguientes términos:

Artículo 23. Decretado el estado de excepción, el Presidente de la República en su condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, podrá ordenar la movilización de cualquier componente o de toda la Fuerza Armada Nacional. La movilización se regirá por las disposiciones que sobre ella establece la ley respectiva.

El Estado de Excepción, como lo indica su propio nombre, es un caso extraordinario, y como tal es regulado por la ley, restringiendo su aplicación a momentos específicos y bajo circunstancias muy estrictas. Esto es una muestra de que la movilización de la Fuerza Armada para salvaguardar el orden interno de la República no es, ni debe ser, una medida ordinaria en circunstancias cotidianas.
Sin embargo, el caso venezolano no es, ni de lejos, el único de esta índole. La Organización de Estados Americanos ha señalado :

El empleo de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública se ha convertido en una realidad en diversos países de la región. Lo cierto es que los resultados obtenidos por los sistemas policiales, judiciales y de rehabilitación en la seguridad no han sido los esperados, razón por la cual se ha actualizado el debate sobre el uso de los militares en el plano interno.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en reiteradas oportunidades que la seguridad ciudadana debe estar en manos de las fuerzas policiales, pues el uso de las Fuerzas Armadas para esta función acarrea graves riesgos en materia de derechos humanos. La CIDH ha insistido en que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control efectivo de la seguridad ciudadana, y ha indicado respecto al tema que

los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.

En este orden de ideas, la Corte ha señalado que en un sistema democrático:

es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos.

En el caso boliviano, por ejemplo, se señaló el particular peligro que representaba la intervención de la Fuerza Armada en la seguridad interna de un Estado cuando éste no poseía instituciones fuertes ni una sólida tradición democrática, y asimismo, cuando existe una clara identificación y compromiso por parte de la Fuerza Armada hacia un determinado sistema político. Nos señala Tellería:

los gobiernos de turno han hecho uso de las fuerzas armadas para conservar el orden público, esto implica el uso de mecanismos militares para hacer frente a problemas no militares, obviamente, con graves consecuencias sociales, institucionales y políticas para Bolivia.

En este sentido, ha dicho Aldo Blume Rocha, en referencia a un caso similar en el Perú

A entender de Lucía Dammert, connotada especialista internacional en temas de seguridad ciudadana, la propuesta de intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden interno responde a una tensión política estructural ya que los gobiernos democráticos, ante la necesidad político-electoral de crear la impresión de eficacia frente a la criminalidad en el corto plazo, descartan optar por las reformas de fondo en temas de seguridad ciudadana y eligen en cambio avanzar con medidas simbólicas que apuntan más a redituar apoyo político que a verdaderamente solucionar el problema. En ese sentido, la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden interno se inscribe en la misma línea que propuestas tales como el endurecimiento de las sentencias, la disminución de la edad de imputabilidad penal, el aumento de la capacidad carcelaria, entre otras iniciativas. Tal propuesta carece entonces, como puede observarse de un verdadero sustento jurídico y responde propiamente a presiones político-electorales.

El mantenimiento del orden interno en situaciones de paz es una competencia exclusiva de los cuerpos policiales, y la intervención de las Fuerzas Armadas debe darse únicamente en casos excepcionales y establecidos de manera estricta en la Constitución y la ley. Es importante puntualizar que, siendo las competencias de estos cuerpos las ya expuestas, el entrenamiento que reciben los componentes de la Fuerza Armada está orientado a situaciones de guerra, y no a enfrentamiento con civiles de su propia Nación. Por otra parte, el entrenamiento que reciben los cuerpos policiales sí está orientado a la preservación del orden interno, y nunca pensaríamos adecuado enviar a las fuerzas policiales a un escenario bélico internacional.

Cabe puntualizar que la asunción de las funciones de un órgano del Estado por parte de otro no puede ser, nunca, una solución permanente, y como tal, sólo conduce a la atrofia del órgano cuyas funciones se ven minimizadas. La intervención del ejército en las funciones ordinarias de las policías municipales y nacional no contribuye al mejoramiento de éstas ni puede ser una medida a largo plazo, por el contrario, agravaría la circunstancia de incapacidad en la que estos cuerpos se encuentran actualmente. A menos que se enfrente directamente el problema, la necesidad de desarme de la población civil y el control de la venta legal e ilegal de armas y municiones, la intervención de la Fuerza Armada en la seguridad ciudadana no sólo no pasará de ser un paño tibio contra un problema más profundo, sino que podría acarrear consecuencias de otra magnitud.

Referencias

] Pesquisa sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas del continente americano en actividades de seguridad pública. OEA. http://www.oas.org/dsp/documents/Informe_FA_Emp_Seg_Publica_JID_6-29-12.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos; Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. http://www.cidh.org/countryrep/seguridad/seguridadindice.sp.htm

] Tellería Escobar, Loreta. “Fuerzas Armadas, seguridad interna y democracia en Bolivia: entre la indefinición estratégica y la discriminación social”. Informe final del concurso: El papel de las fuerzas armadas en América Latina y el Caribe. Programa regional de becas CLACSO. 2004. http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/becas/20101115101224/telleria.pdf.ori

Blume Rocha, Aldo. “Pautas para la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden interno”. http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=762

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Por una Internet libre, neutral y accesible: #March12, Dia Mundial contra la Cibercensura

La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un derecho civil, individual, que se define por “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto”. Este derecho, de acuerdo a los parámetros acordados por la comunidad internacional y reconocidos mundialmente como característica esencial de la libertad de expresión, no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores; esto es, el límite de este derecho está constituido por el derecho de los demás al propio honor y reputación, y por la seguridad nacional y el orden público.

De manera creciente, Internet se ha posicionado como una herramienta fundamental para el ejercicio de los derechos civiles y políticos en todo el mundo. Los recientes acontecimientos con Wikileaks y las revoluciones en los países árabes son, quizás, las pruebas más evidentes e inmediatas de la magnitud y alcance de las herramientas proporcionadas por la web, en manos de ciudadanos que desean ejercer sus derechos fundamentales. No son las únicas, sin embargo: a lo largo de todo el planeta, los internautas no sólo utilizan la red para ver fotos de gatitos, sino también para hacer que sus políticos rindan cuentas, para organizarse en torno a las elecciones o para denunciar las violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, al mismo tiempo que muchos gobiernos han entendido, al menos parcialmente, el potencial de Internet para el cambio político, como herramienta para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones, otros tienden a verla como un peligro, latente o real, y han aplicado diferentes medidas de censura, velada o directa, ya sea mediante la filtración masiva de páginas web, el bloqueo de determinadas palabras clave, la persecución de ciberactivistas o la promulgación de leyes que pretenden regular el contenido en la web.

Reporteros sin Fronteras, desde el año 2008, realiza una campaña para hacer del día 12 de marzo el Día Mundial contra la Cibercensura. Asimismo, cada año hacen público el informe sobre los enemigos públicos de Internet; aquellos países que, de acuerdo a la organización, violan o están en riesgo de violar la libertad de expresión online.

En la página web de la campaña, pueden leer más sobre el tema -lamentablemente, está en inglés-, así como examinar el informe anual, ver quiénes fueron los nominados al Netizen Prize que fue, muy merecidamente, ganado por Nawaat, donar a la campaña y suscribirse a otro newsletter más al newsletter sobre este tema.

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