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¿Es necesario regular las redes sociales?

Imagen: Collage of Digital (Social) Networks, por Tanja Capell, bajo licencia CC BY SA 2.0

Imagen: Collage of Digital (Social) Networks, por Tanja Capell, bajo licencia CC BY SA 2.0

Un día cualquiera, en un país ficticio que llamaremos Arstotzka, se cometió un homicidio en una plaza pública. En respuesta al horror y al rechazo de la población, el Presidente decidió promulgar una ley restringiendo el libre tránsito de los ciudadanos por las plazas públicas, al considerar que la ausencia de regulaciones específicas respecto al uso y comportamiento de las personas en las plazas públicas era el origen de este espantoso, injustificable crimen.

Entre tanto, la persona que -presuntamente- había cometido el delito, había sido detenida por homicidio y puesta a la orden de las autoridades competentes, de acuerdo con lo contemplado en el Código Penal de Arstotzka, vigente desde hace más de sesenta años.

En días pasados, tanto la Fiscal General de la República como el presidente Nicolás Maduro han expresado su opinión con respecto a lo que denominan la “necesidad” de regular el uso de las redes sociales, declaraciones que tienen su origen en la presunta actuación de una ciudadana que habría recibido dinero a cambio de difundir falsamente en redes sociales el inexistente secuestro de su hijo. El uso de las redes sociales, según la fiscal general, para “generar zozobra” y “lanzar campañas de desprestigio” contra el gobierno debe ser contenido. Se utilizan los términos “guerra sucia” y “campaña psicológica” para expresar el supuesto peligro que las redes sociales representan para la llamada “paz pública”.

No decimos IRL, decimos AFK

Con frecuencia, la creación de nuevas normativas para el ámbito digital pasa por la consideración de que este entorno constituye un mundo distinto, separado de la vida “real” y que por tanto, de alguna manera escapa a la regulación ordinaria. Si bien existen aspectos y conductas específicas en las que se hace cada vez más difícil aplicar por analogía leyes preexistentes (digamos por ejemplo, el acceso indebido a la información privada de otra persona sin su autorización de manera remota), en la gran mayoría de los casos la conducta considerada ilícita no sufre ninguna variación porque en su comisión se haya utilizado Internet.

Es un principio reconocido internacionalmente que los derechos que tenemos offline son los mismos derechos que tenemos online. En consecuencia, en la gran mayoría de los casos la creación de legislación nueva, específica al ámbito digital, es un desperdicio de tiempo y dinero, cuando bastaría con aplicar las leyes que ya existen para los mismos casos. Esto, no obstante, también significa que las limitaciones a la actuación del Estado -por ejemplo, las limitaciones a restricciones a la libertad de expresión, que han sido establecidas hace muchos años- aplican de manera idéntica a las actuaciones del Estado en Internet.

En específico, en el caso de los llamados “delitos de opinión” (también denominados, en un giro poético que confieso mi favorito, “delitos de la palabra”), la conducta penalizada no reviste en absoluto ninguna particularidad como consecuencia de haberse cometido a través de redes sociales. Las conductas cuya penalización se busca a través de este tipo de proyectos son, por excelencia, delitos de palabra. No hablamos de irrupción indebida en cuentas bancarias ni de toma de control ilegítima de la identidad de otra persona; para esos casos ya contamos, en la gran mayoría de los casos, con legislación en materia de delitos informáticos. Hablamos de tipos penales como la difamación, el vilipendio y el desacato, en los que prepondera la criminalización de actos contra la “honra” de funcionarios públicos o de la actuación del gobierno mismo.

No sólo, pues, conserva Venezuela la difamación y la injuria como tipos penales, sino que, en especial, sigue penalizando el denominado “desacato a la autoridad”, que consiste justamente en la acción de “insultar” a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Si bien se alega que mediante este tipo penal se protege el poder coactivo del Estado, lo cierto es que no es otra cosa sino un delito de lesa majestad, los cuales han sido derogados en la mayor parte del mundo, pues obedecen a un concepto de veneración de la autoridad política que es considerado incompatible con los principios democráticos. Quienes ejercen el poder político en regímenes democráticos no son soberanos, por el contrario, son servidores, y por ende no les corresponde una dignidad mayor ni una cuota de protección especial a su honor que la que se concede a un ciudadano promedio. Es por esta razón que entes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han urgido en reiteradas ocasiones a Venezuela que derogue la penalización a los delitos de opinión en su legislación interna, pues atenta contra la libertad de expresión. En su lugar, Venezuela ha duplicado (en la aún reciente reforma del 2005 al Código Penal) las sanciones penales contra quienes sean declarados culpables de estos delitos.

A pesar de la presión por parte de la sociedad civil, el mundo entero enfrenta una preocupante tendencia a la criminalización de las redes sociales, no sólo en países como China, cuyo sistema de censura y filtrado es considerado el más sofisticado y efectivo del mundo, sino incluso en naciones consideradas pilares de la democracia, como Francia, donde leyes estrictas en materia de difamación, terrorismo y copyright restringen severamente el libre flujo de ideas y opiniones en línea.

De la practicidad de ponerle puertas al campo

Innumerables intentos de diversos gobiernos a lo largo de todo el mundo de bloquear contenidos (YouTube y Twitter son los blancos más frecuentes) han demostrado, entre otras cosas, que la infraestructura de Internet hace inmensamente difícil, si no directamente imposible, restringir con efectividad el libre acceso a la información. El usuario promedio encontrará la manera de navegar con libertad: la misma red se encargará de enseñarle cómo.

En 2014, cuando una corte ordenó el bloqueo de Twitter en Turquía como respuesta a una serie de casos de difamación y pornografía no consensual, Zeynep Tufekci escribía sobre la estrategia de Erdoğan, señalando que el gobierno turco sabía perfectamente que el objetivo no era hacer inaccesibles las redes sociales, sino demonizarlas. Escribía Tufekci:

Es una estrategia de situar las redes sociales fuera de la esfera sagrada, como una disrupción a la familia, una amenaza a la unidad, una navaja externa rompiendo el tejido de la sociedad.

Caracterizar las redes sociales como un escenario para la propagación de contenidos que -por usar los términos elegidos por el gobierno venezolano- “atentan contra la paz pública” no sólo es exagerar el poder de Internet (menos del 50% de la población venezolana tiene acceso a la web, y apenas 39% posee cuentas activas en redes sociales), sino sacar de proporción el alcance potencial de un ciudadano promedio. Si bien dependerá de la estructura particular de sus redes, incluso un usuario con algunos miles de seguidores sólo alcanzará potencialmente a un par de cientos con un mensaje en específico: difícilmente tenga la capacidad de desestabilizar a una nación entera a través de un tuit, sin importar cuán contundente sea éste. Más aún, este alcance pasa por una serie de filtros y sesgos previos que hacen improbable, por ejemplo, que un determinado mensaje alcance a una audiencia no interesada previamente en el tema, o que esté en radical desacuerdo con el usuario que lo origina.

Mientras en Venezuela se habla de regular las redes sociales -para reprimir o bien conductas que ya están contempladas en la legislación penal, contenidos que ya están prohibidos en la inconstitucional Ley Resorte, delitos cuya abolición ha sido solicitada por organismos internacionales de derechos humanos, o todas las anteriores-, en otros países la creación de normativas en materia de Internet apunta a la protección de las libertades de los ciudadanos y de la infraestructura misma de la web. Apenas el año pasado, al otro lado del Roraima, Brasil aprobó el célebre Marco Civil, normativa que protege las libertades ciudadanas en Internet y consagra el principio de neutralidad de la red.

Otros países están discutiendo normativas similares. Tim Berners-Lee, creador de la Web, llamó a la creación de una constitución global para proteger la Internet, diciendo:

A menos que tengamos una Internet abierta y neutral en la que podamos confiar sin preocuparnos de qué está sucediendo en la puerta trasera, no podremos tener gobiernos abiertos, buena democracia, buen sistema de salud, comunidades conectadas y diversidad cultural. No es ingenuo pensar que podemos tener esas cosas, pero es ingenuo pensar que podemos tan sólo sentarnos y obtenerlo.

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One thought on “¿Es necesario regular las redes sociales?

  1. Estoy de acuerdo contigo en que la intención del gobierno con una eventual regulación de las redes sociales lo que buscaría es restringir la libertad de expresión. Sin embargo tengo mis dudas con respecto a que la regulación de Internet deba limitarse únicamente a la protección de derechos, que es lo que infiero del último par de párrafos. Es un aspecto que es necesario, pero a la vez pienso que también deben establecerse las obligaciones y regularse los nuevos supuestos de hecho para los cuales no basta aplicar analógicamente otras normas.

    Es parte del proceso natural de evolución que las leyes se vayan adaptando a las nuevas tecnologías, y que existan reglas del juego en donde en un primer momento no habían, particularmente en el ámbito penal en donde no hay crimen ni pena sin ley. Esto por supuesto no quiere decir que se deba restringir la libertad de expresión, que es sagrado, ni tampoco atentar contra el principio de neutralidad. Pero no siempre será suficiente aplicar por analogía las normas existentes.

    El Código Penal en España, por ejemplo, fue reformado en 2010 y 2015, y ahora incluye un catálogo bien detallado de estafas y delitos informáticos, contra la intimidad (incluyendo supuesto de publicación de videos o fotografías tomados con consentimiento pero publicados sin autorización), child grooming, entre otros, que están pensados en situaciones originadas a raíz del impacto de las redes sociales. Esto sin contar las amplias potestades en los casos de terrorismo, en donde los órganos policiales tienen amplias potestades para actuar primero y preguntar después (como es habitual hoy en día en el mundo occidental).

    El problema en Venezuela es que cada ley y reglamento tiene como único propósito dotar al gobierno de una nueva herramienta para actuar discrecionalmente (aunque últimamente se preocupa menos por la base legal y simplemente actúa; si se le va la mano, el TSJ acude al rescate), y poco importa si dicta una norma que establezca derechos y obligaciones.

    Desde mi punto de vista, la regulación en un entorno normal (Que no es el caso de Venezuela, ni de Turquía, ni del Medio Oriente) es necesaria porque se trata de tipificar situaciones en donde pueden existir derechos y obligaciones contrapuestos y establecer responsabilidades. Eso sí, atendiendo al feedback de la sociedad civil, de expertos en la materia y dentro de criterios racionales que eviten el abuso por parte de las autoridades.

    Utopía para la Venezuela actual, pero creo que son debates necesarios para el momento en que asuma un gobierno serio.

    Saludos,

    José Alejandro Cuevas (@cuevasar)

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