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hablando seriamente, iuris et de iure, opinología

De debilidades y Fuerzas Armadas

Repetir las tasas de criminalidad en Venezuela ya tiende a sonar a disco rayado. Según Naciones Unidas, y de acuerdo a las cifras oficiales, seríamos el tercer país más inseguro del continente. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, la tasa de homicidios se ubica en 57 asesinatos por cada 100.000 habitantes. De modo que es evidente que se requiere, con carácter de urgencia, que el Estado tome medidas contra la inseguridad. Lo que no queda del todo claro es si las medidas tomadas serían las más idóneas para la solución del conflicto.
En días pasados, se anunció que la Fuerza Armada se desplegaría para, conjuntamente con la Policía, “proteger al pueblo“, durante un plan especial que duraría, en principio, seis meses, y podría prolongarse por más tiempo.

Con qué se come la Fuerza Armada

En el sentido general, las fuerzas armadas de un país son aquellos colectivos que se encuentran en posesión legítima del uso de armas, entiéndase, el ejército y los cuerpos policiales. La Fuerza Armada, en singular, comprende los recursos armados empleados por el Estado en tierra, mar y aire, con la función de defender y proteger su soberanía e independencia, la integridad de su espacio geográfico y la defensa militar de la Nación.
En el caso venezolano, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana señala que ésta tiene como función

garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional.

En cuanto a cooperar en el mantenimiento o restitución del orden interno, esta ley ha sido consistente con las anteriores en la materia, al indicar que esta función procede “frente a graves perturbaciones sociales”. En este sentido, la Fuerza Armada es movilizada para resguardar el orden interno en aquellos casos que ameritan la declaración de un estado de excepción, conmoción o emergencia, tal como lo establece el art. 4, numeral 19 de la Ley Orgánica FANB, y la misma Ley de Estados de Excepción, en los siguientes términos:

Artículo 23. Decretado el estado de excepción, el Presidente de la República en su condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, podrá ordenar la movilización de cualquier componente o de toda la Fuerza Armada Nacional. La movilización se regirá por las disposiciones que sobre ella establece la ley respectiva.

El Estado de Excepción, como lo indica su propio nombre, es un caso extraordinario, y como tal es regulado por la ley, restringiendo su aplicación a momentos específicos y bajo circunstancias muy estrictas. Esto es una muestra de que la movilización de la Fuerza Armada para salvaguardar el orden interno de la República no es, ni debe ser, una medida ordinaria en circunstancias cotidianas.
Sin embargo, el caso venezolano no es, ni de lejos, el único de esta índole. La Organización de Estados Americanos ha señalado :

El empleo de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública se ha convertido en una realidad en diversos países de la región. Lo cierto es que los resultados obtenidos por los sistemas policiales, judiciales y de rehabilitación en la seguridad no han sido los esperados, razón por la cual se ha actualizado el debate sobre el uso de los militares en el plano interno.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en reiteradas oportunidades que la seguridad ciudadana debe estar en manos de las fuerzas policiales, pues el uso de las Fuerzas Armadas para esta función acarrea graves riesgos en materia de derechos humanos. La CIDH ha insistido en que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control efectivo de la seguridad ciudadana, y ha indicado respecto al tema que

los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.

En este orden de ideas, la Corte ha señalado que en un sistema democrático:

es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos.

En el caso boliviano, por ejemplo, se señaló el particular peligro que representaba la intervención de la Fuerza Armada en la seguridad interna de un Estado cuando éste no poseía instituciones fuertes ni una sólida tradición democrática, y asimismo, cuando existe una clara identificación y compromiso por parte de la Fuerza Armada hacia un determinado sistema político. Nos señala Tellería:

los gobiernos de turno han hecho uso de las fuerzas armadas para conservar el orden público, esto implica el uso de mecanismos militares para hacer frente a problemas no militares, obviamente, con graves consecuencias sociales, institucionales y políticas para Bolivia.

En este sentido, ha dicho Aldo Blume Rocha, en referencia a un caso similar en el Perú

A entender de Lucía Dammert, connotada especialista internacional en temas de seguridad ciudadana, la propuesta de intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden interno responde a una tensión política estructural ya que los gobiernos democráticos, ante la necesidad político-electoral de crear la impresión de eficacia frente a la criminalidad en el corto plazo, descartan optar por las reformas de fondo en temas de seguridad ciudadana y eligen en cambio avanzar con medidas simbólicas que apuntan más a redituar apoyo político que a verdaderamente solucionar el problema. En ese sentido, la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden interno se inscribe en la misma línea que propuestas tales como el endurecimiento de las sentencias, la disminución de la edad de imputabilidad penal, el aumento de la capacidad carcelaria, entre otras iniciativas. Tal propuesta carece entonces, como puede observarse de un verdadero sustento jurídico y responde propiamente a presiones político-electorales.

El mantenimiento del orden interno en situaciones de paz es una competencia exclusiva de los cuerpos policiales, y la intervención de las Fuerzas Armadas debe darse únicamente en casos excepcionales y establecidos de manera estricta en la Constitución y la ley. Es importante puntualizar que, siendo las competencias de estos cuerpos las ya expuestas, el entrenamiento que reciben los componentes de la Fuerza Armada está orientado a situaciones de guerra, y no a enfrentamiento con civiles de su propia Nación. Por otra parte, el entrenamiento que reciben los cuerpos policiales sí está orientado a la preservación del orden interno, y nunca pensaríamos adecuado enviar a las fuerzas policiales a un escenario bélico internacional.

Cabe puntualizar que la asunción de las funciones de un órgano del Estado por parte de otro no puede ser, nunca, una solución permanente, y como tal, sólo conduce a la atrofia del órgano cuyas funciones se ven minimizadas. La intervención del ejército en las funciones ordinarias de las policías municipales y nacional no contribuye al mejoramiento de éstas ni puede ser una medida a largo plazo, por el contrario, agravaría la circunstancia de incapacidad en la que estos cuerpos se encuentran actualmente. A menos que se enfrente directamente el problema, la necesidad de desarme de la población civil y el control de la venta legal e ilegal de armas y municiones, la intervención de la Fuerza Armada en la seguridad ciudadana no sólo no pasará de ser un paño tibio contra un problema más profundo, sino que podría acarrear consecuencias de otra magnitud.

Referencias

] Pesquisa sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas del continente americano en actividades de seguridad pública. OEA. http://www.oas.org/dsp/documents/Informe_FA_Emp_Seg_Publica_JID_6-29-12.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos; Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. http://www.cidh.org/countryrep/seguridad/seguridadindice.sp.htm

] Tellería Escobar, Loreta. “Fuerzas Armadas, seguridad interna y democracia en Bolivia: entre la indefinición estratégica y la discriminación social”. Informe final del concurso: El papel de las fuerzas armadas en América Latina y el Caribe. Programa regional de becas CLACSO. 2004. http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/becas/20101115101224/telleria.pdf.ori

Blume Rocha, Aldo. “Pautas para la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden interno”. http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=762

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