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#díadeinternet: Por una Internet de calidad en Venezuela #InternetVE

En marzo de 2006, el 17 de mayo fue declarado Día Mundial de Internet por la Organización de Naciones Unidas, a petición de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Este día tiene por función “dar a conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías” a los ciudadanos de todo el mundo. En el documento de conclusiones presentado por la Sociedad de la Información, se afirma que

“Es necesario contribuir a que se conozca mejor Internet para que se convierta en un recurso mundial verdaderamente accesible al público. El 17 de mayo Día Mundial de la Sociedad de la Información, se celebrará anualmente y servirá para dar a conocer mejor la importancia que tiene este recurso mundial, en especial, las posibilidades que pueden ofrecer las TIC a las sociedades y economías, y las diferentes formas de reducir la brecha digital.”

En Venezuela, la penetración del acceso a Internet se ubica en 42%, según cifras de CONATEL, lo que la sitúa en el sexto lugar en la región. De acuerdo al Web Index, Venezuela se sitúa en el lugar 40 de 61 países analizados en términos de la calidad de su acceso a Internet, en cuanto a crecimiento, utilidad e impacto, y se ubica en el octavo lugar de la región. El Net Index, partiendo de data compilada de los usuarios que se conectan a speedtest.net para probar sus conexiones, nos indica que nuestra conexión es la tercera más lenta de la región (sólo después de Bolivia y Nicaragua), y la más costosa del mundo (medido en costo por megabyte por segundo, entre los sesenta y cuatro países analizados). La velocidad de conexión promedio de Internet en Venezuela es de 1.89 Mbps, mientras que la velocidad promedio en Latinoamérica oscila alrededor de los 5 Mbps, con su techo en Uruguay, cuya velocidad promedio es de 10 Mbps. No hay que perder de vista que en Europa la cifra es de 16,76, y que el promedio mundial se sitúa en 13,07 apenas para 2013.

En 2011, la Organización de Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un derecho humano. En esta declaración apuntó que era obligación de los gobiernos esforzarse para hacer al internet ampliamente disponible, accesible y costeable para todos, y que asegurar el acceso universal del internet debe ser una prioridad de todos los Estados. Asimismo, apuntó que eran violaciones a los derechos humanos las siguientes conductas:

  • Filtrar o bloquear el contenido
  • Desconectar a los usuarios del acceso
  • Ciber-ataques e inadecuada protección del derecho de privacidad y control de datos
  • La Carta de Derechos y Principios de Internet estableció una línea limítrofe de principios básicos que deben ser respetados, entre ellos:

    • Acceso universal a Internet
    • Calidad del Servicio
    • Libertad para elegir y utilizar el sistema y software
    • Inclusión digital
    • Neutralidad e igualdad de la Red
    • No discriminación en el acceso, uso y gobernanza en Internet
    • Igualdad de acceso
    • Grupos marginados
    • Igualdad de género
    • Libertad y Seguridad en Internet
    • Protección contra toda forma de delincuencia
    • Desarrollo en Internet
    • Reducción de la pobreza
    • Sostenibilidad del medio ambiente
    • El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
    • El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacificas
    • Libertad de reunión en línea y la Asociación
    • Privacidad en Internet
    • Legislación nacional sobre privacidad
    • Políticas y configuración de la privacidad
    • Normas de confidencialidad e integridad de los sistemas tecnológicos
    • Protección de la personalidad virtual
    • Derecho al anonimato y a utilizar cifrado
    • Libertad ante la vigilancia
    • Libertad ante la difamación
    • Protección de datos digitales
    • Obligaciones de los colectores de datos
    • Normas mínimas sobre el uso de datos personales
    • Monitorizar la protección de datos
    • Educación en Internet y sobre Internet
    • Educación a través de Internet
    • Educación sobre Internet y los Derechos Humanos

    Es en el marco de estos principios, y entendiendo que el acceso universal y de calidad a Internet es esencial para el desarrollo social, cultural y económico y para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, que, con ocasión del Día Mundial de Internet, propulsamos la firma de la
    Declaración por un Internet de Calidad en Venezuela, cuyo texto te invito a leer, a suscribir  y a difundir, en exigencia del respeto a tus derechos como usuario de la red y como ciberciudadano.

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    De debilidades y Fuerzas Armadas

    Repetir las tasas de criminalidad en Venezuela ya tiende a sonar a disco rayado. Según Naciones Unidas, y de acuerdo a las cifras oficiales, seríamos el tercer país más inseguro del continente. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, la tasa de homicidios se ubica en 57 asesinatos por cada 100.000 habitantes. De modo que es evidente que se requiere, con carácter de urgencia, que el Estado tome medidas contra la inseguridad. Lo que no queda del todo claro es si las medidas tomadas serían las más idóneas para la solución del conflicto.
    En días pasados, se anunció que la Fuerza Armada se desplegaría para, conjuntamente con la Policía, “proteger al pueblo“, durante un plan especial que duraría, en principio, seis meses, y podría prolongarse por más tiempo.

    Con qué se come la Fuerza Armada

    En el sentido general, las fuerzas armadas de un país son aquellos colectivos que se encuentran en posesión legítima del uso de armas, entiéndase, el ejército y los cuerpos policiales. La Fuerza Armada, en singular, comprende los recursos armados empleados por el Estado en tierra, mar y aire, con la función de defender y proteger su soberanía e independencia, la integridad de su espacio geográfico y la defensa militar de la Nación.
    En el caso venezolano, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana señala que ésta tiene como función

    garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional.

    En cuanto a cooperar en el mantenimiento o restitución del orden interno, esta ley ha sido consistente con las anteriores en la materia, al indicar que esta función procede “frente a graves perturbaciones sociales”. En este sentido, la Fuerza Armada es movilizada para resguardar el orden interno en aquellos casos que ameritan la declaración de un estado de excepción, conmoción o emergencia, tal como lo establece el art. 4, numeral 19 de la Ley Orgánica FANB, y la misma Ley de Estados de Excepción, en los siguientes términos:

    Artículo 23. Decretado el estado de excepción, el Presidente de la República en su condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, podrá ordenar la movilización de cualquier componente o de toda la Fuerza Armada Nacional. La movilización se regirá por las disposiciones que sobre ella establece la ley respectiva.

    El Estado de Excepción, como lo indica su propio nombre, es un caso extraordinario, y como tal es regulado por la ley, restringiendo su aplicación a momentos específicos y bajo circunstancias muy estrictas. Esto es una muestra de que la movilización de la Fuerza Armada para salvaguardar el orden interno de la República no es, ni debe ser, una medida ordinaria en circunstancias cotidianas.
    Sin embargo, el caso venezolano no es, ni de lejos, el único de esta índole. La Organización de Estados Americanos ha señalado :

    El empleo de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública se ha convertido en una realidad en diversos países de la región. Lo cierto es que los resultados obtenidos por los sistemas policiales, judiciales y de rehabilitación en la seguridad no han sido los esperados, razón por la cual se ha actualizado el debate sobre el uso de los militares en el plano interno.

    Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en reiteradas oportunidades que la seguridad ciudadana debe estar en manos de las fuerzas policiales, pues el uso de las Fuerzas Armadas para esta función acarrea graves riesgos en materia de derechos humanos. La CIDH ha insistido en que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control efectivo de la seguridad ciudadana, y ha indicado respecto al tema que

    los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.

    En este orden de ideas, la Corte ha señalado que en un sistema democrático:

    es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos.

    En el caso boliviano, por ejemplo, se señaló el particular peligro que representaba la intervención de la Fuerza Armada en la seguridad interna de un Estado cuando éste no poseía instituciones fuertes ni una sólida tradición democrática, y asimismo, cuando existe una clara identificación y compromiso por parte de la Fuerza Armada hacia un determinado sistema político. Nos señala Tellería:

    los gobiernos de turno han hecho uso de las fuerzas armadas para conservar el orden público, esto implica el uso de mecanismos militares para hacer frente a problemas no militares, obviamente, con graves consecuencias sociales, institucionales y políticas para Bolivia.

    En este sentido, ha dicho Aldo Blume Rocha, en referencia a un caso similar en el Perú

    A entender de Lucía Dammert, connotada especialista internacional en temas de seguridad ciudadana, la propuesta de intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden interno responde a una tensión política estructural ya que los gobiernos democráticos, ante la necesidad político-electoral de crear la impresión de eficacia frente a la criminalidad en el corto plazo, descartan optar por las reformas de fondo en temas de seguridad ciudadana y eligen en cambio avanzar con medidas simbólicas que apuntan más a redituar apoyo político que a verdaderamente solucionar el problema. En ese sentido, la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden interno se inscribe en la misma línea que propuestas tales como el endurecimiento de las sentencias, la disminución de la edad de imputabilidad penal, el aumento de la capacidad carcelaria, entre otras iniciativas. Tal propuesta carece entonces, como puede observarse de un verdadero sustento jurídico y responde propiamente a presiones político-electorales.

    El mantenimiento del orden interno en situaciones de paz es una competencia exclusiva de los cuerpos policiales, y la intervención de las Fuerzas Armadas debe darse únicamente en casos excepcionales y establecidos de manera estricta en la Constitución y la ley. Es importante puntualizar que, siendo las competencias de estos cuerpos las ya expuestas, el entrenamiento que reciben los componentes de la Fuerza Armada está orientado a situaciones de guerra, y no a enfrentamiento con civiles de su propia Nación. Por otra parte, el entrenamiento que reciben los cuerpos policiales sí está orientado a la preservación del orden interno, y nunca pensaríamos adecuado enviar a las fuerzas policiales a un escenario bélico internacional.

    Cabe puntualizar que la asunción de las funciones de un órgano del Estado por parte de otro no puede ser, nunca, una solución permanente, y como tal, sólo conduce a la atrofia del órgano cuyas funciones se ven minimizadas. La intervención del ejército en las funciones ordinarias de las policías municipales y nacional no contribuye al mejoramiento de éstas ni puede ser una medida a largo plazo, por el contrario, agravaría la circunstancia de incapacidad en la que estos cuerpos se encuentran actualmente. A menos que se enfrente directamente el problema, la necesidad de desarme de la población civil y el control de la venta legal e ilegal de armas y municiones, la intervención de la Fuerza Armada en la seguridad ciudadana no sólo no pasará de ser un paño tibio contra un problema más profundo, sino que podría acarrear consecuencias de otra magnitud.

    Referencias

    ] Pesquisa sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas del continente americano en actividades de seguridad pública. OEA. http://www.oas.org/dsp/documents/Informe_FA_Emp_Seg_Publica_JID_6-29-12.pdf

    Corte Interamericana de Derechos Humanos; Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. http://www.cidh.org/countryrep/seguridad/seguridadindice.sp.htm

    ] Tellería Escobar, Loreta. “Fuerzas Armadas, seguridad interna y democracia en Bolivia: entre la indefinición estratégica y la discriminación social”. Informe final del concurso: El papel de las fuerzas armadas en América Latina y el Caribe. Programa regional de becas CLACSO. 2004. http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/becas/20101115101224/telleria.pdf.ori

    Blume Rocha, Aldo. “Pautas para la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden interno”. http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=762

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